BAJO RESERVA (EL UNIVERSAL)
** Morena ¿el fin de la tómbola y el dedazo?
Al interior de Morena en el Senado de la República, nos comentan que un grupo de legisladores busca impulsar reformas constitucionales para promover que ciudadanos independientes accedan a candidaturas en los partidos políticos, y que lleguen a dichas candidaturas a través de un proceso de elección primaria. Se buscará, nos explican, que la militancia elija a los candidatos a través de elecciones primarias generales organizadas y vigiladas por el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales. Estas reformas, consideran, podrían beneficiar particularmente a Morena que, a pesar de sus resultados en procesos electorales, no cuenta con cuadros propios suficientes y por ello, en los pasados comicios tuvo que “reciclar” a figuras de otros partidos, que les han traído más problemas que satisfacciones y de cuyas acciones el partido y el gobierno se han tenido que avergonzar. ¿Será que los democráticos métodos de la tómbola y el dedazo acabarán en Morena?
** Cada quien sus preocupaciones
Nos dicen que el objetivo primario que tiene el PRD para 2021 es no perder su registro como partido político nacional, y por ello, está dispuesto a aliarse hasta con el que fuera su principal adversario: el PRI. Nos comentan que el grupo que se ha quedado prácticamente con el cascarón del partido del sol azteca, “los chuchos” —que encabezan el líder nacional Jesús Zambrano y su inseparable Jesús Ortega— buscan con energía un gran acuerdo para ir juntos con el tricolor en al menos en la mitad de las candidaturas a diputados federales y en todas las candidaturas a gobernadores que se puedan construir. Así, mientras para Morena su preocupación se centra en no perder la mayoría en la Cámara de Diputados, para el PRD sus pendientes son: primero, no quedar fuera del mapa político al perder el registro. Y segundo, que el PRI no vaya a negociar en lo oscurito con Morena y deje a los perredistas chiflando en la loma.
** El Inai, una apuesta muy riesgosa
Cada día está más cerca el relevo en la presidencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Nos cuentan en el propio Inai que en la contienda interna hay quienes han decidido ya que apoyarán al comisionado Óscar Guerra Ford, con la idea de que su simpatía por la autollamada Cuarta Transformación ayudará a que la actitud de menosprecio y descalificación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido para el Inai hasta ahora, finalmente cambie. Sin embargo, nos hacen ver que si esa es la decisión que toman la mayoría de los comisionados, estarán haciendo una apuesta de alto riesgo, pues solo tienen que recordar las palabras del Presidente de la República, quien dijo que solo hay dos tipos de personas, las liberales que están con él y su 4T, y las conservadoras y corruptas que están en contra. Y por naturaleza, un órgano garante de la transparencia, como de lo debe ser el Inai, nunca podrá ser cómodo para el titular del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar si el Inai no le cumple al cien por ciento? ¿Qué va a pasar si no hay lealtad ciega?
TEMPLO MAYOR (REFORMA)
** AL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador le urgen unas clases de caligrafía, porque lo que él llama una “V” en realidad tiene forma de una espantosa “X”. Y es un tache a su manejo de la crisis económica, pues lo único que está haciendo es agravarla.
EL MANDATARIO insiste en que la gráfica de la economía será como una uve: que así como cayó de golpe, se recuperará con la misma rapidez. Sin embargo, las cifras dadas a conocer por el Inegi no son tan optimistas, Si bien la economía creció 12 por ciento en el tercer trimestre, la triste realidad es que ese crecimiento no fue sostenido, sino que fue cada vez menor con el paso de los meses.
TAN ES ASÍ que el principal indicador de la actividad económica, el IGAE, pasó de crecer 8.8 por ciento en junio a tan sólo 1 por ciento en septiembre. Eso explica que analistas, empresarios y el propio Banco de México consideran que la economía recuperará su nivel prepandemia… ¡hasta 2023! HAY ALGO RARO cuando todos se dan cuentan de que la estrategia económica no está funcionando, tooodos, excepto el presidente López Obrador.
** POR CIERTO que hoy se espera la presentación del nuevo paquete de obras de infraestructura… y las expectativas son más bien pobres. Por un lado, porque se deberían anunciar los proyectos de energía, pero la falta de certidumbre en el sector propiciada por el gobierno no ayuda en nada.
POR EL LADO de las carreteras, se espera que finalmente salgan las licitaciones de proyectos que se prometieron ¡hace un año! Al menos en eso estaban metidos todavía el fin de semana los negociadores del sector privado y los gubernamentales. Falta saber qué decide el caprichoso dedito presidencial.
** POR LO VISTO desde la FGR siguen con su guerrita eri contra de la Unidad de Inteligencia Financiera, en lugar de trabajar, como se esperaría. Resulta que del lado de la Fiscalía andan diciendo que no han actuado en contra del magistrado electoral José Luis Vargas, por falta de pruebas.
SIN EMBARGO, quienes conocen el expediente dicen que los muchachos de Santiago Nieto le entregaron a la FGR un anexo de 87 páginas con todas las pruebas necesarias, pistas e indicios (nomás les faltó llevarlos de la mano) para actuar contra el actual presidente del Trife.
Y AUNQUE dicha denuncia fue presentada por la UIF desde el 19 de febrero, la FGR sigue esperando que le llegue la inspiración para ponerse a trabajar.
TRASCENDIÓ (MILENIO)
** Que la bancada de Morena en Estado de México cerró filas con los senadores de su partido por lo que Higinio Martínez, Martha Guerrero, Maurilio Hernández y Azucena Cisneros advirtieron que el Congreso local no permitirá el endeudamiento que propone el gobernador Alfredo del Mazo, revisarán con lupa las concesiones otorgadas a OHL e investigarán el desfalco al Instituto de Seguridad Social de esa entidad, calculado en 5 mil millones de pesos.
** Que la queja entre las empresas CAF de España, Alstom de Francia y Bombardier de Canadá es que creen que la licitación para remodelar la Línea 1 del Metro de Ciudad de México quedó a modo para el consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive, cuya oferta de 32 mil millones de pesos resultó tan “barata” que no había modo de competirle y de paso se convirtió en un guiño de la 4T a Pekín por aquella cancelación del tren a Querétaro.
** Que autoridades federales mexicanas saben que si piden finalmente el apoyo de EU en el caso Raymundo Collins deberán armarle un mejor expediente, porque hasta ahora los esfuerzos de las fiscalías capitalina y general han terminado en la suspensión de la ficha roja, por prescripción de delitos, y un fiasco de operativo en Morelos donde decomisaron decenas de vehículos en una propiedad que no es del ex funcionario mancerista.
** Que en medio de la emergencia son distintas las zonas del país en que el mensaje preventivo por el covid-19 no pega y una es Malinalco, Estado de México, donde el fin de semana se casó una familiar del empresario Claudio X. González acompañada de decenas de invitados que, como en toda fiesta, prescindió de cubrebocas y sana distancia.
FRENTES POLÍTICOS (EXCÉLSIOR)
1. Lavado de imagen. Mediante plataformas digitales, David Monreal Ávila presentó el documental La infamia, un recuento de la guerra sucia que enfrentó la familia Monreal. Teniendo como escenario las tierras donde crecieron los hermanos Monreal Ávila, la obra recuerda desde su origen humilde, pero sobre todo el respeto al trabajo y el amor al campo inculcados por su padre, don Felipe. Basado en el reciente libro de Ricardo Monreal, el documental presenta los testimonios de quienes resultaron afectados por la incautación de la planta deshidratadora de chiles, en 2009, por una falsa acusación de nexos con el narcotráfico. Ello ocurrió durante el proceso electoral de 2010, en el que David se postularía como candidato a gobernador. Una afrenta mediática orquestada desde el poder para vulnerar la imagen de quien desde entonces, como ahora, ya contaba con el respaldo social. Sin manchas del pasado, David Monreal va por todo.
2. Avances tangibles. Apoyado por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró la aprobación de las reformas en salud, educación, bienestar y seguridad, que a dos años de gobierno no se han materializado del todo, debido en gran medida a la falta de personal, inversión y a la pandemia del covid-19, coincidieron diputados de Morena y de oposición. No obstante, al elevar a rango constitucional los programas sociales insignia de la 4T, se atendió a una deuda histórica que el Estado mexicano tenía con la población mexicana, aseguró la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz. La diputada sostuvo que las pasadas administraciones se basaron en un Estado que delegó el apoyo a empresas particulares, para no hacerse cargo. Eso se acabó, y en un tercio de la administración. No se detengan.
- En cauce. Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes informó que el pasado viernes se recuperó la última caseta bloqueada en Sinaloa y que, con los recursos que se volverán de percibir, sería posible destinar inversión a la Carretera Transpeninsular, en el tramo 1 de Ensenada a Guerrero; o bien, para la construcción de la Segunda Etapa del Libramiento de Ensenada. Gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador se han liberado las plazas de cobro tomadas por diversos grupos. El funcionario aseguró que tales recursos también se podrían considerar para atender la emergencia por lluvias en Chiapas y Tabasco. La toma de casetas es el mal a erradicar. Que no sea sólo propaganda. Que no se fugue ese dinero.
4. Capacidad irreprochable. Como parte de la digitalización de los servicios, el IMSS, cuyo director es Zoé Robledo, implementó desde agosto de 2019 la estrategia Mi Pensión Digital, con la cual se han atendido más de 365 mil trámites por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, informó el maestro José David Méndez Santa Cruz. El titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo refirió que esta herramienta simplifica la carga administrativa a quienes inician su etapa de retiro, y se reducen de ocho a tres el número de documentos probatorios que deben presentar los solicitantes, además de su clave interbancaria. Debido a la contingencia, es bueno fortalecer al instituto. Sin duda.
5. Ardores. Porfirio Muñoz Ledo, quien aspiraba a dirigir a Morena, aseguró que el pago político del presidente López Obrador a Mario Delgado con la dirigencia del partido “puede ser una señal de que lo que importa en México y en el régimen de la 4T es la lambisconería, incluyendo la abyección”. Presidente de San Lázaro en 2018 y 2019, el experimentado parlamentario contrasta lo sucedido con Delgado. “Conmigo, López Obrador fue enormemente respetuoso por confianza personal. Jamás llamó por teléfono ni mando mensaje. Nunca. Otros no. El que era jefe precisamente se iba dos horas al café de la esquina y regresaba diciendo acabo de ver al Presidente y traigo línea. Es un problema de él. Ahora: le pagó políticamente y eso es lo malo”. Critica el entreguismo, pero en la realidad Mario Delgado le ganó las encuestas. Y eso duele.
PEPE GRILLO (LA CRÓNICA)
** Elecciones bajo diseño
El presidente López Obrador quiere ser protagonista de la elección 2021.
No solo eso, también aspira a que la elección responda a un diseño que el presidente supone lo guiará al triunfo, que se basa en dividir al país entre los sus aliados y sus enemigos.
Buenos y malos. Honestos y corruptos. Liberales y conservadores. Justo como a mediados del siglo antepasado. Lo acaba de exponer el presidente en Baja California el pasado fin de semana.
El tabasqueño se lanza a la batalla lidereando el grupo de los buenos, honestos y liberales, encabezando una alianza plagada de partidos, incluido el suyo, bajo sospecha de corrupción y conservadurismo.
Lo de la incongruencia es lo de menos. Lo importante es plantear un esquema simple, emotivo, maniqueo, fácil de aceptar, eso piensa, por la población que la permite conservar la mayoría en San Lázaro.
** 2 años 2
Arranca este lunes una semana de auto celebraciones por el segundo aniversario de la toma de posesión de López Obrador como presidente de México.
Como suele suceder él mismo se pondrá a la cabeza de los elogios diciendo, por ejemplo, que ya cumplió con todos sus compromisos de campaña y que el neoliberalismo es cosa del pasado en el país. ¿Lo es?
Sus críticos sistemáticos replicarán diciendo que su gestión ha sido un fracaso total.
Lo importante desde luego no es seguir la línea de epítetos y panegíricos, sino la evaluación de los ciudadanos.
Si la gente considera que hoy está mejor que hace dos años en materia de educación, salud, seguridad y empleo, o si ha sentido un retroceso. Lo demás es propaganda.
** Ya entró la UIF
La pregunta ya no es si el magistrado José Luis Vargas seguirá al frente del TEPJF en el año electoral 2021, la pregunta es si llegará a cargar los peregrinos este mismo año.
Y es que mientras su estilo de vida generó suspicacias entre partidos y opinadores, no parecía un problema insalvable, pero el hecho es que la UIF ya le entró al tema y descubrió “irregularidades” entre sus gastos y sus ingresos.
Un personaje bajo investigación de las autoridades no puede seguir al frente de un organismo cuya credibilidad es su fuerza.
Hasta el momento el operativo de control de daños del equipo de Vargas ha sido deficiente. Se ven rebasados, sin argumentos de peso. La presunción de inocencia está vigente, eso no se cuestiona, pero ¿será suficiente?
** Dados cargados
El diputado Porfirio Muñoz Ledo no estará en lista de invitados a la celebración de los dos años de gobierno de López Obrador.
El decano de los legisladores, a pesar de ser morenista, se ha convertido en el crítico más feroz de la 4T. Sus señalamientos hacen más daño porque vienen de adentro.
Muñoz Ledo se dijo extrañado de que Morena haga todo lo contrario a lo que propone la Guía Ética para la Transformación y sea un ejemplo de podredumbre.
Como se ve Porfirio no se anduvo por las ramas. Extendió su crítica a la selección de candidatos a gobernador por Morena donde la dirigencia de Mario Delgado juega con los dados cargados.
Definitivamente Porfirio no será invitado.
SACAPUNTAS (EL HERALDO DE MÉXICO)
** Outsourcing, en la recta final
Este lunes es un día definitorio para la reforma que busca prohibir la subcontratación laboral. El encuentro que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador y los empresarios, será determinante para destrabar cuatro temas de esta reforma, el más importante, la prórroga para la entrada en vigor de las modificaciones.
** A meter el acelerador
En Palacio Nacional nos adelantan que este martes el presidente López Obrador, después de informar que la 4T ya está asentada a dos años de su gobierno, instruirá a todo su gabinete a que metan el acelerador para iniciar la etapa de la consolidación, porque no se pueden pasar el sexenio solo en la planeación. Llegó momento, nos dicen, de apretar el paso.
** Sigue la investigación
La Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Santiago Nieto, investiga el círculo familiar de Luis Videgaray. Se trata de contratos multimillonarios de carreteras que se desarrollarían por conducto del esposo de su mamá, Guadalupe Caso. Existen otros familiares cercanos, los cuales, aprovechándose de las circunstancias, tuvieron negocios en obra pública.
** Margarita a San Lázaro
Nos hacen saber que, de cara a las elecciones de 2021, está por cerrar la alianza entre Acción Nacional y México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón.
Los ex panistas han sido invitados a participar en una coalición ciudadana con el panismo, lo cual deviene en el apoyo del albiazul para que Zavala llegue a una curul en San Lázaro.
** ¡Aguas con el agua!
Después de varios imponderables legislativos, se espera que esta semana se presente al Congreso capitalino la Nueva Ley de Agua de la CDMX. La iniciativa, que titula la diputada Guadalupe Águilar, pretende garantizar el abasto en toda la capital.
Aunque no se descartan sorpresas en su aprobación.
¿Estarán pensando en incrementar las tarifas?
SALVADOR GARCÍA SOTO / SERPIENTES Y ESCALERAS (EL UNIVERSAL)
Hacienda y el IMSS denuncian a rey del outsourcing
Con dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y el IMSS van en contra del principal empresario del outsourcing en México, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de Gin Group.
Después de varios meses de investigaciones conjuntas entre las dos dependencias, se presentaron dos querellas judiciales en contra de una de sus muchas empresas y del empresario por delitos de defraudación fiscal equiparada y omisiones en el pago de cuotas obrero-patronales de sus trabajadores, a los que con engaños, según acusan las autoridades, les omitió el pago de seguro de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez.
En pleno debate sobre la regulación del outsourcing y cuando la nueva iniciativa del presidente López Obrador se discute en estos momentos, tanto en Palacio Nacional entre el Mandatario y los empresarios, como en la Cámara de Diputados donde se aprestan a aprobarla esta semana, las acusaciones judiciales contra el llamado “rey del outsourcing” cobran especial relevancia.
Se trata de un empresario y un grupo que acumuló una gran cantidad de empresas y una fortuna a partir del uso de la figura de la subcontratación.
En la primera denuncia, presentada por el IMSS el 18 de agosto, se le acusa como el administrador único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur, y se señala en el texto de la denuncia que “en su calidad de patrón, con el uso de engaños, omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”.
La segunda denuncia se presentó el 28 de octubre y fue la Procuraduría Fiscal de la Federación la que formuló la querella por defraudación fiscal equiparada, en la que se acusó a Distribuidores y Representantes del Sur y a su administrador único Raúl Manuel Beyruti, “por haber omitido enterar el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, por la cantidad total de 223 millones 912 mil 664 pesos que debió pagar al fisco”.
También vinculadas al tema del outsourcing ilegal hay otras dos querellas judiciales que también interpuso la Procuraduría Fiscal de la Federación. Una de ellas es en contra de la empresa Constructores de Sistemas Cosed, S.A. de C.V., que entre otras cosas, declaró deducciones falsas derivadas de operaciones inexistentes, ingresos acumulables menores, omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del término de ley, el ISR retenido por concepto de los ingresos por salarios y omitió el pago de IVA, todo eso por un monto superior a los 845 millones de pesos.
Aunque esta última empresa no aparece en el directorio del grupo de empresas de Raúl Beyruti, las autoridades fiscales tienen elementos para suponer que también está vinculada al empresario.
Un caso más, ese sí ajeno al caso Beyruti, es una denuncia contra Lot & MLP Asesores, S.C., a la que se acusa de que en el ejercicio fiscal de 2017, entre otras cosas, declaró ingresos acumulables menores y omitió enterar al fisco del ISR retenido por concepto de asimilados a salarios y sueldos, causando con eso un daño al fisco por cerca de 305 millones de pesos.
Mientras tanto, con denuncias penales en contra de empresas y empresarios que han utilizado el outsourcing para defraudar al SAT y al IMSS, se busca dejar muy claro que ese es el nuevo objetivo prioritario de la 4T y, para poner el ejemplo, no dudarán en dar un golpe legal al mayor empresario del outsourcing en el país y uno de los que se beneficiaron de ese esquema, no siempre de manera legal, y que contó con el apoyo y protección de los últimos gobiernos: Raúl Beyruti Sánchez.
RAYMUNDO RIVA PALACIO / ESTRICTAMENTE PERSONAL (EL FINANCIERO)
Sánchez Cordero se tiene que ir
Olga Sánchez Cordero ha vivido largos meses con respiración política artificial. Desde las últimas semanas de la transición, el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se hartó de ella y dejó de responderle sus mensajes en WhatsApp.
La indiferencia continuó en el Gobierno y Sánchez Cordero renunció como secretaria de Gobernación, pero no se la aceptaron. Era el arranque del nuevo Gobierno y, además, López Obrador no cesa a nadie. Pero hubiera sido mejor para su imagen haber salido del Gabinete, porque quedándose alcanzó su Principio de Peter, cometiendo pifias y aceptado el denigrante papel de secretaria de Estado con calidad de florero, por lo disfuncional para el Gobierno.
En las últimas semanas han circulado versiones de su salida de Gobernación. Nada perdería el Gobierno, mucho menos el país, y lo más excitante sería el morbo de quién llegaría. Para efectos prácticos de una renovación en Bucareli, es irrelevante lo que suceda con ella.
Como se ha mencionado en este espacio, los cambios de Gabinete carecen de sentido si no son un golpe de timón y conllevan un cambio de política, lo que en la lógica de López Obrador, nunca sucederá porque dice públicamente que las cosas van de manera inmejorable.
Incluso, parecería un error relevar a Sánchez Cordero porque ella no le genera problemas –salvo por sus intrigas palaciegas– porque no se encarga de prácticamente nada, fuera de la agenda de género, y sus funciones las realizan otros funcionarios.
Una nueva persona al frente de Gobernación podría significar un problema para el Presidente, pues probablemente querría fungir como titular de manera auténtica y funcional. Sin embargo, hay que hacer hoy un replanteamiento sobre su permanencia en Bucareli, ante la posibilidad de que su permanencia en Gobernación se convierta en una potencial desgracia para el país.
Un régimen presidencialista como el mexicano, siempre debe tener escenarios sobre lo que pueda suceder con el jefe del Ejecutivo, en relación con su presencia o falta absoluta. Nadie tiene garantizado el futuro, por más que retóricamente así se afirme, o por más ataques y críticas se hagan con quienes plantean todo el abanico de medidas que tienen que ser consideradas ante una eventualidad, que no por indeseable, deba ser ignorada como razón de Estado.
En algunos sistemas presidenciales, como el estadunidense, sobre el cual se ha moldeado el mexicano, existen provisiones claras en caso de falta absoluta, por lo que es tan importante la decisión sobre la Vicepresidencia, cuyo titular sería el o la relevo del Presidente.
En el caso mexicano se han venido dando adecuaciones al Artículo 84 constitucional, donde en caso de falta absoluta del Presidente de la República, quien encabece la Secretaría de Gobernación asume provisionalmente el cargo, en tanto el Congreso nombra al Presidente interino –si es antes de cumplirse los dos primeros años en el cargo–, o sustituto, si es después de ese periodo.
En ambos casos, las disposiciones legales establecen que con un mínimo de las dos terceras partes del Senado y la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión se constituiría inmediatamente en Colegio Electoral, y nombraría en voto secreto y por mayoría absoluta al Presidente interino o sustituto.
En paralelo, el Congreso de la Unión tendría que expedir dentro de un plazo no mayor a 10 días, la convocatoria para una nueva elección presidencial no antes de siete meses, ni después de nueve. La ley acota al Presidente interino o sustituto de hacer cambios mayores en el Gobierno, lo que no significa, empero, que solo ocuparía el cargo para administrar el país durante ese periodo.
Quien asuma la Primera Magistratura tendría necesariamente que gobernar y tomar decisiones. En esta eventualidad, ante la falta absoluta del Presidente, Sánchez Cordero ocuparía el cargo. Y es aquí donde está la aberración.
La secretaria que ocupa la Secretaría que administra y ejecuta el poder presidencial, es proporcionalmente la secretaria más maltratada, humillada e ignorada por López Obrador. Sánchez Cordero es una especie de token, donde simula que es la responsable de la política interior, a la que, sin embargo, nadie le hace caso. Y cuando se ha metido, se ha equivocado.
Sus funciones las hacen el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, el canciller Marcelo Ebrard, y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Ante esta realidad objetiva, es una irresponsabilidad de López Obrador y una falta de visión estratégica, mantenerla en el cargo.
La secretaria ha dado muestras de incompetencia política. Siete o nueve meses con ella al frente del Gobierno no podrían ser, sino seguro serían de anarquía ante sus deficiencias de mando, su inexperiencia y el equipo de incondicionales que la rodea, como su protegido, el ex subsecretario Ricardo Peralta, que salió de Aduanas en medio de sospechas de corrupción, y de Gobernación, por problemas similares en el área de rifas y después de hacer acuerdos con los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, que justificó alegando que con quienes habló, ya no eran narcotraficantes.
López Obrador también le tiene desconfianza tras haberse descubierto que era gestora de empresarios en temas que van en contra de la agenda presidencial, particularmente en el tema de telecomunicaciones.
López Obrador no puede descansar en ella la eventualidad indeseada, pero que necesariamente, por razones de Estado, tiene que plantearse. Sánchez Cordero no tiene el tamaño, demostrado en el despacho de Gobernación, donde llegó al límite de su incompetencia.
El Presidente necesita un o una segunda de abordo, en ese escenario hipotético, que pueda mantener al país y su proyecto de transformación. Cuenta con esas personas en su entorno, con las capacidades que se requieren y la lealtad probada. Lo único que falta es que piense alto y lejos, parafraseando a José Ortega y Gasset, y que vea al país más allá de sí mismo.
PASCAL BELTRÁN DEL RÍO / BITÁCORA DEL DIRECTOR (EXCÉLSIOR)
Libertad, ¿para contagiar?
El 22 de febrero pasado, el aventurero estadunidense Michael Hughes, apodado Mad Mike (el loco Mike), despegó en un cohete hechizo desde el desierto de California en un intento por probar que la Tierra no es redonda.
Hughes quería llegar a una altitud de mil 500 metros —es decir, la séptima parte de la que alcanza un avión comercial— y, desde ahí, tomar una fotografía de lo que, él juraba, es un disco plano.
Sin embargo, el paracaídas con el que Hughes pretendía regresar al suelo se desplegó en pleno lanzamiento y eso causó que el artefacto se estrellara pocos segundos después de emprender el vuelo.
Hay gente que llega a límites insospechados para contravenir lo que la ciencia ya ha establecido sin margen de error.
En ocasiones, esos esfuerzos son simpáticos, como los de un contador que me visitaba frecuentemente en la redacción de un medio en el que trabajé para convencerme de publicar un documento de su autoría que negaba, mediante supuestos cálculos matemáticos, la posibilidad de que el hombre hubiese llegado a la Luna.
Pero otras veces son trágicos, como lo sucedido a Hughes, quien murió al estrellarse su cohete. U otras proclamas negacionistas, como las de quienes se oponen a que sus hijos sean vacunados o, en estos tiempos de pandemia, quienes llaman a tomar dióxido de cloro para prevenir o curar el covid y quienes se resisten a usar el cubrebocas.
Lo peor es cuando quienes dicen cosas así son autoridades o representantes surgidos del voto popular, como Jonathan Ávalos, alcalde de Francisco I. Madero, Coahuila, municipio de la Comarca Lagunera, quien compró mil “dosis” del citado compuesto químico para entregarlas a los pacientes. O Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo, quien se ha destacado como negacionista de la utilidad del cubrebocas y, hace unos días, provocó un desaguisado en una sesión presencial del Consejo General del INE por oponerse a acatar el protocolo de usar mascarilla.
Reconvenido por el consejero presidente Lorenzo Córdova, Fernández Noroña alegó que, al hablar, “consumo mucha energía” (sic), lo cual lo hace que tenga que tomar agua constantemente, y que no iba a permitir que lo amordazaran (sic). Ante el reiterado desacato, la sesión presencial debió ser suspendida para reanudarse en forma virtual.
Pero aún más grave que el acto protagonizado por el legislador fue una de las razones expuestas por él para no usar el cubrebocas. “El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste en que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio”, dijo.
Y la cosa escaló aún más al día siguiente cuando, en la conferencia mañanera del viernes, le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre el incidente, ante lo que el Presidente —quien sólo usa cubrebocas en los aviones— respondió lo siguiente: “Mire, lo más importante es la libertad. Entonces, la gente tiene que decidir libremente y tenerle confianza a los mexicanos, porque siempre actúan con sabiduría, el pueblo es sabio”.
La utilidad del cubrebocas para prevenir el covid ha sido apoyada por una multitud de especialistas en campos científicos como la infectología y la física de los aerosoles. Hace ocho meses, con base en un estudio japonés, yo escribí en este mismo espacio que era imprescindible que todos usáramos cubrebocas. El exhorto fue recibido entonces con escepticismo por algunos, pero hoy está claro que el cubrebocas tiene la ventaja de reducir el número de las partículas respiratorias que todos expulsamos al hablar y también de limitar la carga viral que inhalamos en caso de encontrarnos frente a alguien contagiado.
No hay duda de la utilidad del cubrebocas. Quienes se resisten a usarlo o no se lo colocan correctamente provocan un riesgo de contagio no sólo para ellos mismos, sino también para los demás, pues es sabido que un porcentaje importante de personas no llega a presentar síntomas o para cuando los presenta ya tuvo la oportunidad de contagiar a otros.
No existe la libertad de pronunciarse contra el conocimiento científico, máxime cuando quien lo hace crea un peligro para los demás. Eso se llama de otro modo.
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ / RAZONES (EXCÉLSIOR)
¿Y si a García Luna también lo regresan?
Con el general Salvador Cienfuegos en México, está pendiente en la misma corte de Nueva York, el proceso contra Genaro García Luna. Son casos de muy diferente trascendencia, pero en el fondo son parecidos. Los fiscales, como sucedió con el General dicen tener “miles de pruebas” en contra del ex secretario de seguridad pública pero no las exhiben (como no querían que se exhibieran las que supuestamente tenían contra Cienfuegos), y lo que hay en el fondo de toda la acusación es un testigo colaborador, en este caso Vicente “Rey” Zambada, al que se sumaron otros, como Édgar Valdez, la Barbie, casualmente todos detenidos durante la gestión de García Luna, que dicen haberle dado dinero al entonces secretario, incluso sin terminar de ponerse de acuerdo sobre qué cártel en particular tendría que proteger el exfuncionario.
Lo cierto es que en México no había acusación alguna contra García Luna, más allá de que muchos eran y son críticos y adversarios políticos públicos del ex secretario, incluyendo al propio presidente López Obrador. Pero eso no lo hace un delincuente y mucho menos un narcotraficante. Las investigaciones que se realizaron en México después de su sorpresiva detención en Houston, muy similar también a la que realizaron con Cienfuegos, hablan de enriquecimiento ilícito, pero todas las investigaciones devienen de operaciones realizadas después de que García Luna había dejado el gobierno, y efectuadas con dependencias gubernamentales como la secretaría de Gobernación o el gobierno de la ciudad de México, que podrán ser políticamente muy discutibles, pero que no sé si constituyen un delito. Pero lo cierto es que ninguna de esas investigaciones en México indican que García Luna sea un narcotraficante.
Ayer se informó que en la semana pasada se emitió una orden de captura en contra de García Luna en México por el delito de enriquecimiento ilícito, unos días antes de que haya una nueva audiencia en NY en el juicio que, por cierto, aún no comienza.
Genaro se ha declarado inocente (como hizo en su momento también Cienfuegos) y está dispuesto a ir a juicio, algo que, paradójicamente, la fiscalía, la misma que estuvo tras el caso del General, no quiere. Se ha especulado que se podría pedir la extradición de García Luna para que sea juzgado en México. Es una posibilidad que suena lógica si nos basamos en el fiasco que fue la acusación contra el general Cienfuegos.
En enero pasado dijimos aquí que García Luna no estaba negociando un acuerdo de culpabilidad porque se consideraba inocente. Y la decisión de ir a juicio es también una forma de presionar, porque son muchos los interesados en que ese juicio no se realice. Pero, si no hay un acuerdo previo, la única opción que le queda al ex secretario de seguridad es ir al juicio, hacerlo lo más rápido posible y defender su inocencia ante una fiscalía que tendrá dificultades para comprobar sus acusaciones, si siguen basándose sólo en la declaración de un narcotraficante confeso y convicto.
Insistimos, como lo hicimos desde que fue detenido García Luna y meses después Cienfuegos: éste es un caso armado y ejecutado por el departamento de Justicia de los Estados Unidos que encabeza el procurador William Barr. El punto es central porque García Luna fue formado por las agencias de seguridad estadounidenses: tuvo cursos y formación con la CIA, la DEA, el FBI, mantuvo estrechas relaciones con el comando norte y sur de la Defensa, con el Mossad y con los organismos de inteligencia de Japón, donde vivió, durante los meses que estuvo en ese país, en la casa del jefe del mismo. ¿Por qué tendría que convertirse en un protector del narco?, ¿por qué encontrarse a comer con un narco conocido en un restaurante para que allí le entreguen maletas llenas de dinero? Es inverosímil.
Durante sus años de servicio, primero en el Cisen, durante el gobierno de Zedillo, luego en la AFI, durante el de Fox y más tarde en la secretaría de seguridad pública con Calderón, las relaciones de García Luna con las agencias estadounidenses se estrecharon cada vez más. Llegó a tener una autorización de seguridad para acceder a información de Estados Unidos, más alta que la de cualquier otro mexicano, junto con un alto mando de la Marina. Para nadie era un secreto.
El escenario ha cambiado. William Barr, el fiscal que ha estado detrás de la desastrosa estrategia de Donald Trump de argumentar fraude en las elecciones, no sólo perderá su puesto el 20 de enero, sino que ha quedado absolutamente desprestigiado. Sus casos políticos se han caído uno tras otro, y el de García Luna es uno de ellos.
En el caso Cienfuegos se acordó tras las dignas presiones del gobierno mexicano, regresar al General a México. No creo que la cancillería ejerza esas mismas presiones por García Luna, aunque debería hacerlo, primero porque las acusaciones en su contra son tan inverosímiles como las que se hicieron contra Cienfuegos. Y segundo, porque los hombres y mujeres que trabajaron con García Luna en distintas instancias de seguridad estadounideses y que fueron desplazados por los incondicionales de Trump, regresarán a la Casa Blanca, a la DEA, la CIA y el FBI, el próximo 20 de enero.
JAVIER SOLÓRZANO ZINSER / QUEBRADERO (LA RAZÓN)
La guía y las llamadas a misa
Uno de los retos del Gobierno y en particular del Presidente con la Guía Ética es que todos los preceptos que contiene los pueden terminar por alcanzar. La idea de una Constitución Moral terminó en una “Guía Ética”.
De lo que parece que ya no habrá tiempo será de llevar a cabo un debate sobre la guía. Se anunció que en el corto plazo se editarán 10 millones de ejemplares para distribuirlos en todo el país. La tarea para dar a conocer la guía se encomendará a hombres y mujeres de la tercera edad como si fuéramos la personificación y ejemplo de los valores que contiene el documento; no necesariamente somos los tutores o algo parecido de la sociedad.
El ejercicio del poder expone a los gobernantes trátese de quien se trate. Lo hemos visto en estos dos años con todo y que el Presidente, más que su Gobierno, mantiene un alto nivel de popularidad y esperanza entre millones de personas. Seguimos en terrenos en donde se le sigue otorgando al tabasqueño una especie de estado de gracia.
El Presidente es consciente de ello y deberá estar preparado para las futuras batallas, las cuales por más que sean vistas con optimismo no van a ser nada fáciles. En BC el fin de semana lanzó todo tipo de puyas como calentando motores para el 2021 en donde de nuevo asumió su siempre presente condición de entre candidato, militante y Presidente.
López Obrador podrá mantener su popularidad, pero empiezan a aparecer signos de que la terca realidad se está acercando a la puerta de su Gobierno.
El proceso de transformación que pretende el Presidente va a entrar inevitablemente en desgaste y confrontaciones mayores que podrían colocarlo con problemas profundos que le impidan alcanzar sus objetivos.
Al mismo tiempo que vayan surgiendo estos escenarios hay evidencia de que el Gobierno en muchos casos se ha aislado sin atender otras voces, pero sobre todo, esto es quizá lo más delicado, ha caído en contradicciones que van en contra de lo que pregona.
Diversos casos en los que han estado involucrados funcionarios muestran la doble vara para medir las cosas. Los confusos terrenos en que quieren dirigir el caso del hermano del Presidente muestran esta riesgosa dualidad.
Cuando se trata de la lucha contra la corrupción a la que tanto apela el Presidente y buena parte de sus funcionarios, no puede haber dinero bueno ni malo, es corrupción y punto y deberán ser los aparatos de justicia los que determinen la aplicación del Estado de derecho.
Las contradicciones en este sentido le pueden cuestionar el espíritu que busca la Guía Ética. Los terrenos del maniqueísmo, la sistemática referencia presidencial a un especie de buenos y malos, termina por encontrar su definición única y exclusiva desde el ámbito del ejercicio del poder y no de los consensos sociales.
Como el caso del hermano del Presidente hay otros en los que el Gobierno debiera hacer acuse de recibo, lo cual le daría coherencia a su Guía Ética como instrumento de conciencia y reflexión. Por más que sea repetido el lugar común, la premisa de que “el buen juez por su casa empieza” debiera acompañar al Gobierno.
La guía maneja conceptos que pueden tener interpretaciones de toda índole en función de las creencias y valores de cada persona. Si nos atenemos a muchas de las definiciones el texto parece provenir de posiciones que bien podrían firmar sectores conservadores o “de derecha”.
El académico de la ULSA Felipe Gaytán nos decía que parece una guía de derecha “invocado por la izquierda”.
El documento terminará como las llamadas a misa.
RESQUICIOS
Las innumerables tonalidades que va adquiriendo el semáforo naranja son prueba de cómo el gobierno de la ciudad está alargando la liga. Nadie quiere el rojo, pero para allá vamos entre la por momentos confusa estrategia de gobierno y sobre todo el que no queremos quedarnos en casa y no nos queda de otra.
SERGIO SARMIENTO / JAQUE MATE (REFORMA)
Huevos de oro
Una de las razones por las que las empresas mexicanas recurren a la subcontratación es el reparto de utilidades. Este constituye un impuesto adicional que disminuye su competitividad. El outsourcing ha sido una forma legal de disminuir este costo. Por eso el intento de prohibirlo se convierte en una nueva amenaza a la posibilidad de supervivencia de las empresas.
México tiene un muy elevado Impuesto Sobre la Renta para las empresas en comparación con otros países. La tasa nominal es de 30%, pero a esto hay que añadir el 10% del reparto de utilidades o PTU. México cobra, además, un impuesto de 10% a los dividendos. El gravamen total se eleva a 50%, cifra muy por arriba de los promedios internacionales.
En el mundo se han venido reduciendo los impuestos a las empresas, con el fin de atraer inversiones y generar empleos y prosperidad. Ahí está el caso de Suecia, un país reconocido por sus altas exacciones fiscales y que alcanzó una tasa de 60% en el impuesto a las empresas en la década de 1980 (tradingeconomics.com).
Los propios ciudadanos suecos, sin embargo, se dieron cuenta de que esta alta tasa estaba inhibiendo la inversión y empobreciendo al país. Las compañías preferían establecerse en otros lugares de Europa o del mundo. Por eso, en 1990-1991 Suecia redujo la tasa corporativa a 28%, en 2009 a 26.3%, en 2013 a 22% y en 2019 a 21.4 por ciento. El resultado ha sido un aumento en la inversión, en la competitividad y en la prosperidad.
El Impuesto Sobre la Renta a las empresas no solo es muy alto en México, sino que el Gobierno no aporta la contraprestación de servicios públicos eficientes, habitual en otros lugares. El promedio del impuesto corporativo en el mundo es de 23.79%, según KPMG, una consultora internacional. En Europa alcanza apenas el 19.12%. Estados Unidos, que tenía hasta 2017 una tasa de 40%, una de las más altas del mundo, la bajó a 27 por ciento.
Una de las razones que han obligado a las empresas mexicanas a recurrir a los servicios de “outsourcing” es el reparto de utilidades, que no existe en otros países y que representa un severo lastre a la rentabilidad.
Lorenzo Roel, presidente de la comisión laboral del Consejo Coordinador Empresarial, ha señalado que, con la actual fórmula de cálculo del PTU y sin la subcontratación, algunas empresas tendrían que pagar dos o tres años de sueldo a cada trabajador solo por este concepto, lo cual sería insostenible.
Si el Gobierno insiste en prohibir la subcontratación, una posible solución sería topar el reparto de utilidades a un número determinado de meses del sueldo. Si no se hace, muchas empresas tendrán que recortar personal, recurrir al mercado laboral informal o cerrar sus puertas.
El mal de fondo viene de la elevada carga fiscal que sufren las empresas en nuestro país. Los políticos mexicanos están convencidos de que el sector privado es como una gallina de huevos de oro que hay que explotar al máximo. Esta explotación, sin embargo, tiene rendimientos decrecientes.
Cobrar a las empresas uno de los impuestos sobre la renta más elevados del mundo, y añadirle un reparto forzoso de utilidades, así como un impuesto adicional a los dividendos, no llevará más que a la muerte de la gallina. Y sin las empresas, el reparto de utilidades no repartirá nada.
Fuero
Los países democráticos otorgan un fuero al gobernante y a los legisladores. No es una ocurrencia. Este fuero evita las denuncias frívolas y la inestabilidad política que viene de tener a un gobernante más preocupado en defenderse que en gobernar. En México lo estamos eliminando sin pensar en las consecuencias.