Columnas del día

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noticias del día 11 de noviembre

Columnas del día este miércoles 11 de noviembre del 2020 de los principales periódicos del país.

BAJO RESERVA (EL UNIVERSAL)

** México levanta muro entre AMLO y Biden

Mientras en Estados Unidos el presidente electo, Joe Biden, designa como parte de su equipo de transición a la experimentada diplomática y exembajadora en México, Roberta Jacobson, en lo que algunos leen como una señal positiva para México por parte del vencedor de la elección, en el gobierno mexicano se ordena construir un muro en torno al mandatario electo. El presidente y el canciller instruyeron a la embajada de México en Washington, a cargo de la embajadora Martha Bárcena, comunicar a Biden que el presidente Andrés Manuel López Obrador no entablará comunicación alguna con él en tanto no se defina el proceso electoral en el país vecino. Las instrucciones, nos dicen, responden a una solicitud que realizó el equipo de Biden a la embajada para analizar la posibilidad de realizar un llamada telefónica entre el jefe del Ejecutivo mexicano y Joe Biden. Nos hacen ver que, al menos por el momento, México ha decidido levantar un muro entre López Obrador y Biden.

** Preocupa tardanza del INE

En el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), nos dicen, hay preocupación por la tardanza del Instituto Nacional Electoral en dar a conocer los resultados del concurso para seleccionar a quienes ocuparán diversos cargos en los organismos electorales de 10 estados. Desde hace un par de meses en el Ceneval cumplieron con la aplicación de los exámenes correspondientes, pero es la hora que el INE no da los resultados y eso les está dando mala espina. No vaya a ser, dicen, que los consejeros se estén repartiendo los cargos por cuotas y no permitan que lleguen ciudadanos externos e independientes, por sus propios méritos y conocimientos.

TEMPLO MAYOR (REFORMA)

** Que nadie se ahogue en un vaso de agua: ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue ¡eficaz! el desfogue de las presas que provocó inundaciones en Tabasco y Chiapas.

Ahora ya nomás falta saber cómo se mide la «eficacia» de una maniobra que ha dejado -hasta ahora27 muertos, cerca de 200 mil damnificados, 45 municipios afectados y daños en, por lo menos, 55 mil viviendas.

** Apenas el lunes, el mundo se despertó con optimismo al enterarse de los buenos resultados que está teniendo la vacuna de Pfizer contra el Covid-19. Los mercados se dispararon sumándose a un entusiasmo… del que no participa México.

El pesimismo tiene nombre: Hugo López-Gatell.

Según lo que se comenta en el sector farmacéutico, la vacuna todavía ni siquiera está lista, pero el subsecretario ya le está poniendo trabas burocráticas.

Como nuevo jefe de la Cofepris ordenó la creación de unos «comités», cuya función será estorbarle al órgano regulador oficial, duplicar sus funciones y, claro, retrasar la aprobación de las posibles vacunas contra el coronavirus, así como de otros medicamentos.

Ya se sabe que las empresas de «big pharma» no son hermanas de la caridad, pero sin duda tienen un punto al señalar el burocratismo que les está recetando el doctor López-Gatell.

** Si a la secretaria Luisa María Alcalde le interesa proteger a los trabajadores de los riesgos de la pandemia, bien podría asomarse a lo que está pasando en la Secretaría de la Función Pública.

Cuentan que los cercanos a Irma Eréndira Sandoval están obligando a los trabajadores de la SFP a asistir a sus respectivas oficinas, sin cumplir los estándares mínimos de protección laboral. Específicamente se habla de que en la Unidad de Auditoría Gubernamental, su titular, Omar González Vera, de plano ordenó que todo el personal se presentara desde septiembre.

Lo más extraño es que en otras áreas, como las de auditorías a obra pública, de mejora de gestión y de situación patrimonial, siguen haciendo home office. Y tampoco es que Auditoría Gubernamental tenga mucho trabajo, pues ya se sabe que caso que le cae, ¡caso que exonera! ¿A poco no, Manuel Bartlett?

** ¿Han visto a esos políticos republicanos tratando de justificar el berrinche de Donald Trump de no querer reconocer su derrota en las urnas? Así, igualito, se ve Marcelo Ebrard justificando a AMLO en su desdén a Joe Biden. Para como van las cosas, a ver si la Cancillería no termina mandando un avión para rescatar a Trump y traérselo como refugiado político o como albañil para levantar el muro… alrededor de Dos Bocas.

TRASCENDIÓ (MILENIO)

** Que si alguien goza estos días de todas las confianzas del Presidente son los integrantes del gabinete de salud, entre ellos el titular del Seguro Social, Zoé Robledo, de quien AMLO hizo una exposición de cualidades que lo han llevado de una subsecretaría de Gobernación al IMSS, porque en estos días garantizar un escenario sanitario eficiente pasa también por la gobernabilidad, más en tiempos de covid e inundaciones.

** Que en los próximos días las comisiones unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos del Senado retomarán la discusión de la regulación de la cannabis con fines lúdicos y hasta el momento se perfila una aprobación de casi todas las bancadas, salvo algunos panistas, cuya bancada coordina Mauricio Kuri, que no están convencidos de la propuesta.

** Que hablando del Senado, dicen que si a alguien no ven solicitando licencia durante su encargo, que tiene cuatro años más con fuero incluido, es al chihuahuense Cruz Pérez Cuéllar, a quien se comenta que ya le puso el ojo la fiscalía estatal por la presunción de vínculos con casos de manejo irregular de recursos atribuidos al ex gobernador César Duarte, detenido en EU y cuya audiencia de extradición se trasladó a 2021. A ver.

** Que comentan en la Contraloría General de CdMx que las gestiones perredistas de la alcaldía Gustavo A. Madero, encabezadas por Víctor Hugo Lobo y Nora Arias, acumulan irregularidades por unos 400 millones de pesos, como la desaparición de 20 mil alarmas vecinales por 8 millones, un hospital en Cuautepec inservible y tres veces inaugurado con costo de 200 millones y observaciones por 108 millones del Programa Social para Personas en Estado de Necesidad.

FRENTES POLÍTICOS (EXCÉLSIOR)

** 1. Acertado. Quien una vez más se mostró a la altura para que la 4T sea una realidad fue Jorge Argüelles, coordinador del PES en la Cámara de Diputados. Es indudable que se ha convertido en la voz seria entre los aliados del gobierno federal. A diferencia del PT, que veladamente quisiera estar en el lugar de Morena, el PES trabaja hacia el mismo rumbo que ha trazado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Esta vez, Argüelles se pronunció porque el Presupuesto de Egresos 2021 sea «sensible, orientado a la atención de la salud pública, leal a las causas que promueven el bienestar general de la población y comprometido a proteger a un pueblo que durante años exigió igualdad y mejores oportunidades». Política y socialmente correcto, entiende a la perfección lo que significa una alianza en favor del país. Pocos con esa vocación.

** 2. Gracias por participar. Qué inútiles pueden ser las insistencias de la oposición. Ante la magnitud de la inundación en Tabasco, el grupo parlamentario del PAN, a través de la senadora Xóchitl Gálvez, aseguró que el gobierno federal tendrá que «sacar recursos del cajón» para atender la emergencia. Expuso que, luego de la desaparición del Fonden por parte de Morena, se deben sacar recursos de otras partidas para atender la emergencia. Reconoció que el manejo del Fonden fue, en algunos casos, opaco y corrupto, pero recordó que tenía líneas de crédito que pudieron haber servido para enfrentar el problema. Lo que olvidan los panistas es que, haya fondo de desastres o no, el gobierno federal tiene la obligación de apoyar a la población en problemas, algo que, hasta ahora, se ha hecho al pie de la letra. ¿No leen los periódicos?

** 3. Reto gigantesco. Las 34 mil 608 víctimas de homicidio doloso registradas en 2019 colocaron a México en el sexto lugar a nivel mundial en este tipo de delitos, además, con el 89.6% de impunidad, de acuerdo con la investigación Homicidio Doloso y Feminicidio: Reporte 2020, realizada por la organización Impunidad Cero. Paola Jiménez Rodríguez, investigadora de esta organización, explicó que entre 2006 y 2018 el país pasó del lugar 37 al 6, con una tasa de 29.1 homicidios por cada 100 mil habitantes. México aparece sólo debajo de El Salvador, Jamaica, Honduras, Venezuela y Sudáfrica. Ésta es la realidad que deberá enfrentar la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. ¿Ya vio el tamaño del reto?

** 4. Más con menos. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo un encuentro con el sector empresarial, agrícola y población civil de Tamaulipas, con el fin de explicar y comprender los efectos que se esperan ante los recortes del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2021. Acudieron alcaldes, líderes religiosos, de sindicatos y, de manera virtual, académicos y población en general. El mandatario dijo que el monto estimado a no recibir dentro del próximo gasto público es de 7 mil 737 millones de pesos, es decir, una reducción de 5.7% a comparación del año anterior. Tomar cartas en el asunto, como lo ha hecho el mandatario, puede ser la salvación.

** 5. Pesos y centavos. En el conflicto entre mandatarios y gobierno federal por la repartición de recursos, llama la atención la intensidad con la que la Alianza Federalista exige su tajada del Presupuesto. Los gobernadores reiteraron su llamado a los diputados federales para que, ante la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, «ponderen» su compromiso con la ciudadanía y rechacen los recortes impuestos a estados y municipios. Aclararon que su reclamo de recursos no es producto de una «rabieta política» y sólo busca alertar sobre los riesgos en salud, seguridad y bienestar de millones de mexicanos. Indicaron que su discusión no contiene cálculos electorales ni ha sido fortuita, ya que forma parte de una serie de acciones-reacciones. O sea, dinero. Quisieron meterle presión al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fracasaron.

PEPE GRILLO (LA CRÓNICA)

** Risa macabra

Bartlett eligió mal la expresión para describir la demanda en su contra del gobierno de Tabasco por el mal manejo de la CFE en las inundaciones del estado. «A mí me da risa», dijo el funcionario ante una situación que ha sumido en la desesperación a miles de familias en la entidad. Bartlett no solo resultó risueño, sino que dijo además que el gobierno de Tabasco ha sido torpe en el manejo de la emergencia.

El gobernador Adán Augusto López reviró diciendo que Bartlett es un cínico, pues él mismo reconoció que la CFE incurrió en un error de cálculo en la operación de la presa Peñitas.

Mientras Bartlett y López se llenan de lodo, mucha gente en Tabasco sigue con sus casas bajo el agua. ¿Qué factura electoral le pasarán los paisanos del presidente a la 4T en la elección 2021? Una factura alta con seguridad.

** Contienda caliente

El presidente López Obrador dijo sobre el relevo de Director General en el IPN, que el tema «está caliente a pesar del frío»,

Reveló que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, hará la elección. El actual director, Rodríguez Casas, perteneciente al grupo apoderado del Instituto desde Reyes Tamez, al ver difícil su ratificación para otro periodo, ya lanzó a sus aliados Jorge Toro González y Guadalupe Vargas Jacobo.

Esta última, Secretaria General del Instituto, «casualmente», acudió el pasado 8 de noviembre a «tranquilizar» al grupo de mujeres que querían tomar y destrozar las oficinas de la Dirección General.

De entre los «investigadores», está Octavio Paredes López, buen investigador, sin experiencia administrativa y manejo político para enfrentar a los grupos internos de poder.

Otros dos de los más mencionados, son Jorge Maciel, maestro emérito de la ESIME, a quien lo apadrina Carlos Peralta, y Marco Antonio Flores, académico con trayectoria en sector educativo, quién no está vinculado a los grupos internos, y por ello, se pone en la línea del proyecto 4 -T.

** Patrocinadores secretos

En el terrero de la contienda por una candidatura de Morena a las gubernaturas en juego el año que entra, nos comentan que habrá muy particular revisión a las cuentas y acciones de cada servidor público que quiera competir. Esto será especialmente riguroso con los llamados súper delegados.

Desde el estado grande comentan que la ciudad de Chihuahua se ha llenado de más de 100 espectaculares promocionando la figura de Juan Carlos Loera, delegado de la Secretaría de Bienestar en Chihuahua. Los mal pensados le exigen decir «quién pompo» los espacios publicitarios.

** Las advertencias de Robledo

No pasó desapercibido el espaldarazo del Presidente al director del IMSS, Zoé Robledo, a quien describió como uno de los mejores servidores públicos que tiene el gobierno federal.

Robledo está concentrado en la contención de Covid y no quiere que la estrategia comercial del Buen Fin dispare los contagios.

Por eso pidió a los ciudadanos que piensen hacer compras que no lleven a los niños a las tiendas, que se respete el aforo máximo, se pague en los posible con tarjetas bancarias, se laven las manos con frecuencia y privilegien las compras en línea, para frenar la cadena de contagios.

** Domínguez, gober que le baja a la deuda

Los reportes de Hacienda son claros al señalar que gobiernos estatales (incluyendo 11 de los 15 que se renovarán el próximo año), han incrementado la deuda pública durante su gestión.

Son sólo tres los gobernadores que han reducido su deuda; de entre ellos, el panista queretano Francisco Domínguez destaca al lograr una disminución de la deuda estatal del orden de: ¡79.5 por ciento!

Buen manejo en Querétaro y eso indica que otros podrían seguir su ejemplo, todo en favor de sus ciudadanos.

SACAPUNTAS (EL HERALDO DE MÉXICO)

** Confianza en al UIF

Reconocimiento tácito de la OEA recibió la UIF, que encabeza Santiago Nieto, al elegir a la dependencia para ocupar la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos. Esa iniciativa se enfoca en el combate al lavado de dinero en el continente, y el funcionario mexicano aprovechará para reforzar el intercambio y la cooperación.

** Pinta para tribunales

El diferendo, con tintes de pleito, entre el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, nos dicen, ya se está dirigiendo hacia los tribunales. Nos adelantan que la administración del tabasqueño integra con mucho cuidado los expedientes para demostrar que las inundaciones son responsabilidad de la dependencia federal.

** Él, tan campante

En la SCT hay aún personajes ligados a gestiones señaladas por corrupción. Es el caso de Jesús Pablo Mercado Díaz, encargado de los verificentros federales, denunciado por permisionarios sin que se le haya aún fincado alguna responsabilidad. Esto, a propósito del anuncio del presidente López Obrador de limpiar la corrupción en la dependencia.

** Pequeños detalles

Nos cuentan que si bien el Examen Nacional de Residencias Médicas es buena noticia para aumentar el número de especialistas, alguien debió informar al Presidente que en el sexenio de Felipe Calderón la certificación se entregó a un comité que operó como un embudo. Tampoco, que existe una iniciativa de la senadora Antares Vázquez para regresar éste proceso a la SEP.

SALVADOR GARCÍA SOTO / SERPIENTES Y ESCALERAS (EL UNIVERSAL)

Gobernadores, partidos y empresarios van juntos al 2021

Los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista han decidido llevar sus demandas de un nuevo federalismo fiscal hasta las urnas electorales. Y en busca de romper la mayoría del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, se han acercado a un grupo de empresarios de Monterrey con los que dialogan sobre una estrategia conjunta hacia los comicios federales de 2021, en la que el eje principal sería una «alianza de facto» con candidaturas apoyadas indistintamente por los votos del PRI, PAN, PRD y MC, y un discurso común que exhibiera y denunciara «la fallida e irresponsable estrategia contra el Covid-19» responsabilizando al gobierno lopezobradorista de los cientos de miles de muertos y el más de 1 millón de contagiados que para las votaciones de junio del próximo año habrá en el país.

A través de intermediarios, los mandatarios aliancistas han hecho contacto con algunos de los poderosos capitanes regios que están interesados en influir también en la próxima elección y han comenzado a armar una estrategia en la que los gobernadores ofrecen 30% de candidaturas para el grupo empresarial del norte y una alianza de partidos, PRI, PAN, PRD y MC, para postular y apoyar candidatos comunes en al menos 100 distritos estratégicos de la República con los que se puede quebrar el actual dominio legislativo de Morena.

Siguiendo el consejo que les dio el mismo presidente en una de sus conferencias mañaneras, donde les dijo que si querían cambiar las leyes de coordinación fiscal «primero ganen la mayoría en el Congreso», los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Durango y Colima trabajan en una estrategia conjunta para que sus partidos hagan alianzas de facto y postulen a los candidatos mejor posicionados en cada distrito, de tal manera que la fuerza de todos los partidos se unifique para hacer ganar las votaciones a los candidatos con mayores posibilidades sin importar de qué partido sean.

En los cálculos de la alianza de facto que trabajan los estados aliancistas, la apuesta es a 100 distritos, aunque en el escenario menos favorable consideran que con ganar 80 distritos electorales de mayoría se acaba automáticamente con el control que ejerce Morena en San Lázaro, y con un bloque opositor sólido, que enfrente al partido oficial en la próxima legislatura, podrían no sólo modificar el Presupuesto Federal sino revertir algunas reformas a leyes secundarias y frenar incluso nuevos intentos de reformas constitucionales porque también se rompería la mayoría calificada que requeriría el presidente López Obrador para hacer cambios constitucionales -como la reforma que ha comentado al artículo 27 constitucional para revertir la participación privada en el sector energético- en la segunda parte de su administración.

Así es que, si lo que quería el presidente López Obrador era que los 10 gobernadores, a los que no quiso recibir ni dialogar como bloque, ni él ni sus secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, ni de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se unieran para competirle en las elecciones de2021 ya lo logró. La Alianza Federalista ya no sólo es un grupo de mandatarios estatales que busca un nuevo Pacto Fiscal y una revisión del Convenio de Coordinación entre los estados y el gobierno central; ahora también es un bloque electoral que, aliado con algunos de los empresarios más ricos de Monterrey, harán un frente electoral común con un objetivo concreto y claro: acabar con la mayoría legislativa de Morena y con ello buscar el descarrilamiento de la ya afectada 4T.

CARLOS LORET DE MOLA / HISTORIAS DE REPORTERO (EL UNIVERSAL)

El presidente que acabó con la corrupción

Su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, usó una empresa fantasma para financiar el órgano propagandístico del partido Morena. A su secretario particular, Alejandro Esquer, también le detectaron uso de empresas fantasma. Ya habían cachado en la misma a su superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, quien además tenía contratos millonarios de medicinas… del propio gobierno. Birmex, la empresa gubernamental a la que quieren darle la distribución de medicamentos para pacientes con cáncer, desvió más de 200 millones de pesos usando también empresas fantasma entre 2014 y 2019 (ya en el actual sexenio).

Su hermano Pío López Obrador aparece en videos recibiendo paquetes de dinero en efectivo que dice son para la campaña presidencial de 2018. El que da el dinero era su funcionario consentido, David León. Cuando fue jefe de gobierno, su secretario particular y líder del Congreso local, René Bejarano, apareció también en video recibiendo fajos de billetes con ligas de un empresario. Al igual que dos altos mandos de su entonces partido, PRD, Ramón Sosamontes y Carlos Ímaz. Y su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, apostando en Las Vegas. Hasta una de sus diputadas en Veracruz, Eva Cadena, salió en video recibiendo cash prometiendo que lo entregaría a AMLO. Y su cuñada, Concepción Falcón, está acusada de desfalcar al municipio de Macuspana por 223 millones de pesos.

Su estratega energético, Manuel Bartlett, tiene un imperio familiar de 23 casas y una docena de empresas, que no declaró y cuyo financiamiento resulta inexplicable. El hijo de éste, sigue siendo un multimillonario contratista del gobierno. Su zarina anticorrupción, Irma Eréndira Sandoval, recibió en donativo una casa del gobierno obradorista de la Ciudad de México. Su Jefe de Oficina, Alfonso Romo, ha sido acusado de conflictos de interés y corrupción por dos integrantes del gabinete que renunciaron indignados: Carlos Urzúa y Víctor Manuel Toledo. El que fue su secretario de Comunicaciones y Transportes está salpicado por el escándalo Odebrecht-Idesa. El dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, es acusado de lavado de dinero y desvío de recursos, por el legislador a quien escogió para ponerle la banda presidencial, Porfirio Muñoz Ledo. La anterior dirigente del partido, Yeidckol Polevnsky, fue denunciada por lavado de dinero; el denunciante fue el que la sustituyó en el cargo. El IMSS tiene contratos con el hermano del director general, Zoé Robledo. Condecora a su subsecretario negociador del TMEC, aún cuando pesan sobre él denuncias de haber desviado recursos públicos para pagarse vuelos en primera clase a Hong Kong para ver a su familia largas temporadas. Su aliado y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Otro de sus funcionarios estrella, Ricardo Rodríguez, fue acusado por su sustituto, Jaime Cárdenas, de estar robando al pueblo lo devuelto de lo robado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo creado por López Obrador. Tiene de aliada electoral a Elba Esther Gordillo. También al Partido Verde y sus más escandalosas figuras. Su líder sindical favorito es Napito. Impulsó para presidir el Tribunal electoral federal a José Luis Vargas, conocido como «magistrado billetes» por las irregularidades en sus ingresos y sus decenas de viajes con cargo al presupuesto público.

Ya es mucho, ¿no?

RAYMUNDO RIVA PALACIO / ESTRICTAMENTE PERSONAL (EL FINANCIERO)

Censura o responsabilidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador se metió en un terreno donde su interés tiene pies. Sugirió con sorna desafiante, que la televisión en Estados Unidos había censurado al presidente Donald Trump al interrumpir un mensaje tras las elecciones. En efecto, las principales cadenas del país, ABC News, CBS News, CNBC, MSNBC, NBC News y la empresa pública National Public Radio, dejaron de transmitir el viernes el mensaje de Trump quien afirmaba, sin base alguna, que le habían robado la elección mediante un proceso electoral corrupto. Esta decisión, que subrayó López Obrador poniéndose del lado de Trump, enfrentó a las televisoras con un dilema: censuraron al presidente o no, en un momento en que estaba rompiendo las normas democráticas.

Los diferentes conductores lo explicaron a sus audiencias. Brian Williams, de MSNBC, lo justificó porque «no estaba sustentado en la realidad y, en este momento, para nuestro país, es peligroso». Shepard Smith, de CNBC, señaló que «estamos interrumpiendo esto porque lo que el Presidente nos está diciendo es en su gran parte absolutamente falso». El reportero de ABC News Jon Karl, dijo al aire: «Simplemente, no hay ninguna evidencia presentada que existan los votos ilegales que él está diciendo, y su acusación no se sostiene en absoluto». Al día siguiente, el The Washington Post publicó dos análisis en su primera plana bajo los titulares «Falsedad tras falsedad» y «Un discurso de histórica deshonestidad».

López Obrador, que suele estar increíblemente desinformado, dijo que quitarle voz a Trump nunca había sucedido. Pero el 10 de marzo, las cadenas habían bloqueado el audio cada vez que Trump, el presidente más vulgar en la historia de Estados Unidos, decía «mierda» o «coño», digitalizando su boca cuando decía «fuck». El 23 de marzo, todas las cadenas de televisión, salvo Fox News, suspendieron la transmisión de una conferencia sobre el coronavirus cuando Trump comenzó a descalificar al equipo de expertos de la Casa Blanca y a pedir que la gente saliera a las calles, contraviniendo la indicación de sus asesores de distancia social. Y en mayo, ABC, CBS, CNN, MSNBC y PBS se negaron a transmitir un spot de Trump, donde la frase «fake news» aparecía sobre las imágenes de varios periodistas.

Los medios en Estados Unidos discutieron previo a las elecciones qué harían en caso de que Trump se proclamara ganador la misma noche de las elecciones, aunque hubiera perdido, y llamara a la movilización para enfrentar el fraude. No tenían claro lo que harían, como tampoco calculaban el clima de polarización que se iba a dar. El dilema periodístico sobre qué hacer con Trump, tiene un sustento, el Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales de Estados Unidos, que en su primer inciso pide que se busque la verdad y que la registren, mediante un trabajo certero y justo, honesto y valiente en la recopilación, reporteo e interpretación de la información. Justamente eso hicieron con las declaraciones de Trump.

No eran verdades, ni aportaba pruebas de sus dichos. Eran falsedades que calentaban la cabeza a los millones de votantes que sufragaron por él. Hay un precedente de 1969, cuando la Suprema Corte de Justicia decidió sobre el caso Bradenburg vs. Ohio, un fallo de la Corte de Ohio en contra de Clarence Brandenburg, un líder del Ku Klux Klan que había sido sentenciado por favorecer «el crimen, el sabotaje, la violencia o métodos ilegales de terrorismo como medios de lograr una reforma política». El juez William J. Brennan dictaminó que la Corte de Ohio había violado la libertad de expresión de Brandenburg, porque sólo se podría prohibir ese derecho si «está dirigido a incitar o producción una acción ilegal inminente». Las acciones de Trump incitaban a sus seguidores a violar la ley, como se probó cuando quisieron irrumpir en los centros de cómputo en Arizona y Michigan, donde la policía los frenó, o en la crisis en el Departamento de Justicia, tras las renuncias de funcionarios electorales luego de que el procurador William Barr ordenara que investigaran supuestas votaciones fraudulentas.

Las declaraciones de Trump rebasaron todos los límites, y como describió el juez Wendell Oliver Holmes en un dictamen de 1919, «la más poderosa protección de la libertad de expresión no protegería a un hombre que falsamente grita fuego en un cine y causa pánico». López Obrador no tomó en cuenta estos antecedentes, ni tampoco habló de cómo Trump ha censurado a medios y periodistas y diseminado tantas falsedades en las redes sociales que Twitter y Facebook tuvieron que etiquetar sus mensajes advirtiendo que no eran afirmaciones comprobables.

Políticamente se entiende a López Obrador. Él no ve a Trump sino a sí mismo. Según Luis Estrada, director de SPIN, ha dicho más mentiras que Trump -siete promedio al día-, y usa las mañaneras para difamar, insultar e incitar linchamientos. Repite que respeta la libertad de expresión, pero lo que comete es previa censura, mediante la intimidación, prohibida por la Constitución de la Ciudad de México. Pero no tiene de qué preocuparse. En Estados Unidos los medios pueden actuar con toda responsabilidad ante un autócrata porque existen instituciones. Aquí no. Se puede manejar con impunidad y abuso del poder, porque tiene todos los recursos del Estado a su servicio para amenazar y reprimir sin contrapesos, porque ni el Congreso ni la Corte están en la defensa de la democracia.

FRANCISCO GARFIAS / ARSENAL (EXCÉLSIOR)

Bartlett vs. Adán

La guerrita que se traen Manuel Bartlett y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, no ayuda en nada a pobladores de las zonas inundadas en esa entidad.

Y es que, en estos lluviosos días, los paisanos del Presidente han visto cómo se perdía lo elemental en sus casitas: la estufa, el refrigerador, las camas, la televisión, el comedor…

Alrededor de 180 mil damnificados por las inundaciones en Chiapas, Tabasco y una parte de Veracruz han visto ahogarse su esfuerzo de vida en un mar de negligencia y descuido de las autoridades.

En el caso de Tabasco, el más afectado, Bartlett y Adán se echan mutuamente la culpa por no haber hecho la tarea para evitar las inundaciones, peores que las de 2007 con el priista Granier.

Se golpean, se critican, se machucan.

El titular de la CFE calificó de “torpe” al gobernador de Tabasco. Hasta dijo que le da “risa” la demanda que va a presentar en su contra por el manejo “irresponsable” de las presas en el estado.

El político poblano argumentó que la CFE no maneja las presas, sino una comisión en la que participan universidades y la Conagua.

Adán Augusto le respondió en Twitter:

“Vaya cinismo para esconder la responsabilidad de Manuel Bartlett y de los funcionarios de la CFE. Primero Bartlett confiesa que cometieron un error de cálculo en la operación de la presa Peñitas…

“Nadie podrá esgrimir el argumento de la ‘luna llena’. Él y sus burócratas desfogaron la presa Peñitas a más de 1,500 metros cúbicos por segundo, y con eso inundaron la planicie tabasqueña”.

“Señor Bartlett, eso no se llama torpeza, se llama irresponsabilidad y negligencia criminal”, puntualizó el gobernador.

Buscamos una tercera voz. Encontramos la del exgobernador priista de la entidad, Roberto Madrazo. Le dio la razón a Adán:

“Cuando la CFE, junto con la Conagua, ven los niveles de agua de Angostura, en Chicoasén y de Malpaso, tienen que empezar a turbinar, a escurrir agua en volumen que no llega a ser mayor de 150 o 300 metros cúbicos por segundo, que es la capacidad que pueden los ríos ir sacando de agua sin inundar la ciudad y los municipios conurbados.

“Nunca tomaron las medidas correctas. Se confiaron y les cayó agua como nunca”, puntualizó el exgobernador.

Madrazo, sin embargo, no dejó de señalar que se descuidó el mantenimiento de los cárcamos —grandes bombas de agua— que devuelven el agua a los ríos. Simplemente no sirvieron.

Ésa es tarea del gobierno estatal.

Paradoja: las colectas para los damnificados están la orden del día. Hay una en el Senado, donde hace unos días le dieron la estocada final al Fonden, por presiones del presidente López Obrador. ¿Y ahora qué? ¿Más entregas directas de 10 mil pesitos por familia?

* Algo que es materia para la mañanera: los compromisos que los jefes nacionales del PAN, del PRI y del PRD firmaron con Sí por México.

La coalición PAN-PRI-PRD abrazó la agenda de esa organización ciudadana que encabezan Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, y que el Presidente ha bautizado como “Frena 2”, en su afán por descalificarla.

La adhesión ocurrió en la Convención Nacional Ciudadana de Sí por México, en la que hablaron los presidentes de esos tres partidos.

El panista Marko Cortés manifestó su preocupación por la descomposición que vive México, por las malas decisiones, la falta de construcción de acuerdos, por la intolerancia.

“Acción Nacional se compromete a no doblarse ante las presiones de un gobierno autoritario; se compromete a impulsar esta agenda ciudadana en el Congreso o en los gobiernos”, dijo a los reporteros.

La intervención de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, fue moderada. No atacó a la 4T:

“El PRI dice Sí por México. Sí a las causas de mujeres y hombres que en la sociedad civil organizada han encontrado un medio para que su voz y su lucha sean reconocidas e impulsadas.

“Sí a la construcción de una agenda de trabajo compartida en la que sociedad civil y partidos políticos lleven a la mesa talento, capital humano, experiencia, innovación e inteligencia para sumar al cambio…”.

Jesús Zambrano, PRD, no sólo suscribió la plataforma de ese movimiento, sino que ofreció abrirles candidaturas para el 2021.

Una buena noticia para la recuperación de los equilibrios que comenzaron a perderse el primero de diciembre de 2018.

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO / BITÁCORA DEL DIRECTOR (EXCÉLSIOR)

Dejaremos de ser la economía 15 del mundo

Hace seis años, Joko Widodo llegó a la presidencia de Indonesia –la tercera democracia más grande del mundo– con la promesa de confrontar a las élites política y económica y acabar con la corrupción.

Widodo tiene mucho en común con Andrés Manuel López Obrador. Antes de ser presidente, fue alcalde de la capital y ciudad más grande de su país y su ascenso al poder fue marcado por su negativa a pactar con la clase política tradicional. Otra cosa que comparten ambos hombres es un discurso nacionalista, que enaltece la cultura nacional, la independencia económica y la soberanía. Incluso, ambos ganaron las elecciones presidenciales por un porcentaje de votos casi idéntico (53%). 

En lo que el indonesio y el mexicano se distinguen es en el pragmatismo del primero. Widodo mantuvo la política económica de su antecesor, Susilo Bambang Yudhoyono, lo cual ha dado al país asiático estabilidad como destino de inversiones y un crecimiento económico sostenido.

Mientras el mundo se cerraba por la fiebre proteccionista que acompañó el ascenso de Donald Trump, Indonesia mantuvo abiertas sus fronteras económicas. Widodo, quien se reeligió el año pasado, incluso colocó la economía en el centro de la política exterior, apostando por el fortalecimiento de las instituciones globales.

Eso le permitió incrementar su inversión extranjera en casi 3 mil millones de dólares entre 2018 y 2019 –en la cúspide del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China–, mientras que la de México decreció cerca de 2 mil millones de dólares en el mismo lapso. Pero, ¿por qué hablar de Indonesia? Porque, para fines de este año, ese país habrá rebasado a México como la economía número 15 del mundo.

De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de México se encogerá 220 mil millones de dólares este 2020, para quedar en un billón 40 mil millones de dólares. El de Indonesia, que rebasará al de nuestro país por primera vez en la historia, será de 1 billón 89 mil millones de dólares. México e Indonesia dejaron atrás sus respectivos regímenes autoritarios casi al mismo tiempo. En 1998, cuando Suharto renunció a la presidencia –luego de 31 años en el poder–, el PIB del país asiático valía unos 96 mil millones de dólares, mientras que el de México era de 527 mil millones de dólares. Es decir, en dos décadas de pluripartidismo en ambos países, la economía indonesia se ha multiplicado once veces, mientras que la mexicana no llegó a triplicarse.

Los hechos de los últimos dos años muestran que Indonesia hizo frente a la era de proteccionismo comercial y a la pandemia mucho mejor que México.

El año pasado, el PIB de Indonesia creció 5% mientras que el de México cayó 0.3 por ciento. Igual que la mayoría de las economías del mundo, la de Indonesia seguramente caerá. El FMI estima que la contracción será de -1.5%, muy por debajo de la caída que tendrá la economía mexicana, que estará en los alrededores de -9%, según la misma fuente.

En cuanto a la atención del covid-19, Indonesia registra 444 mil casos de contagio, menos de la mitad de los de México, así como 14 mil 700 muertes, la sexta parte que aquí.

Para hacer frente a la pandemia, Yakarta echó a andar medidas contracíclicas del orden de 450 billones de rupias (unos 24 mil 600 millones de dólares) para apoyar a pequeños y medianos negocios afectados por la disminución de la actividad económica. El plan de emergencia, conocido como Perppu, amplió el déficit a 5.07%, por encima del límite legal de 3 por ciento.

Acá el gobierno dice haber inventado una vía mexicana para salir de la recesión que no incluye nada de eso –el presidente López Obrador incluso ha dicho que debiera patentarla–, pero países como Indonesia, que han priorizado el mantenerse atractivos para las inversiones, están demostrando que saldrán mucho más rápido del problema.

BUSCAPIÉS

*Todo indica que la amenaza de Donald Trump de hacer lo que sea para quedarse en el poder va en serio. El Departamento de Justicia indagará activamente los presuntos casos de votos ilegales y el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo ayer que “habrá una transición sin problemas a una segunda administración” de Trump.

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ / RAZONES (EXCÉLSIOR)

Judicialización de la política y presidentes destituidos

Las consecuencias, como vemos en Perú, en Brasil y en Ecuador, terminan siendo terribles para todos, pero sobre todo para el país.

Perú se ha convertido en el peor escenario de la judicialización de la política, con consecuencias institucionales y de gobernabilidad cada día más graves. Esta semana fue destituido por el Congreso, el presidente Martín Vizcarra, alegando “incapacidad moral permanente”. Lo sustituye Manuel Merino, un político muy poco conocido, impulsado por los hermanos Ollanta y Antauro Humala, el primero expresidente, actualmente procesado por corrupción, luego de pasar un tiempo en la cárcel, y el segundo, un exmilitar preso por intentar un golpe de Estado.

Lo ridículo es que el Congreso, según la población, es considerado el órgano más corrupto de Perú y, actualmente, 68 legisladores de todos los partidos están procesados por distintos delitos, aunque ninguno de ellos ha renunciado a su cargo. La judicialización de la política comenzó en Perú con una acción que tenía toda la razón de ser: la destitución en el 2000 de Alberto Fujimori, acusado de una interminable lista de delitos y violaciones a los derechos humanos. Pero a partir de allí, denunciar y hacer detener a un político o un funcionario de alto nivel se convirtió en el principal método de lucha para hacerse con el poder o quitárselo a unos adversarios.

En apenas 20 años, presidentes y expresidentes de todas las tendencias políticas han terminado detenidos y uno de ellos, incluso se suicidó: Fujimori lleva ya trece años en prisión. Su sucesor, Alejandro Toledo, está prófugo en Estados Unidos, a la espera de su extradición.Alan Garcia se suicidó para no ser encarcelado. Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, el primero un exmilitar cercano a Hugo Chávez, el segundo un economista liberal, están, los dos, procesados y acusados de corrupción, luego de pasar una temporada en prisión.

Vizcarra, un presidente respetado, pero débil, fue el vicepresidente de Kuczynski y quien lo reemplazó en el cargo cuando lo destituyeron, pero la llegada este año de un nuevo Congreso paralizó al gobierno y finalmente lo quitó del poder, cuando faltaban apenas unos meses para las elecciones. Un Congreso, hay que insistir en ello, que está atravesado en todos los sentidos por acusaciones graves de corrupción. A Vizcarra se le destituyó por presuntos actos de corrupción cometidos no en la presidencia, sino cuando fue gobernador en un estado del sur del país, hace años. Se lo acusó de recibir sobornos, pero la destitución, que ya había sido planteada hace unos meses, se ejecutó sin exhibir más pruebas que los dichos de los denunciantes.

La supuesta lucha contra la corrupción está acabando con los políticos de derecha, centro e izquierda y, paradójicamente deja en el poder, cada vez más, a personajes sin preparación, demagogos o manejados por populistas de cualquier tendencia. No en vano, con una gobernabilidad por los suelos, Perú es el país que peor ha afrontado la pandemia de covid en toda América latina, acompañado en esa triste lista por Brasil y Ecuador, todos aquejados del mismo mal de destrucción política a causa de la judicialización de la misma.

La administración de López Obrador y sus seguidores están más que tentados a seguir ese camino, y si comienzan a recorrerlo también lo seguirán sus adversarios. Las consecuencias, como vemos en Perú, en Brasil y en Ecuador, terminan siendo terribles para todos, pero sobre todo para el país.

La enorme diferencia en la forma en que se han tratado, por ejemplo, los casos de Rosario Robles y Emilio Lozoya no puede más que desconcertar. Rosario sigue en la cárcel y se le acumulan procesos mientras que a Emilio se lo ha dejado en libertad, aunque está comprobado que cometió delitos graves, sólo bajo la promesa de que delatará a otros cómplices. A Rosario se la detuvo porque supuestamente dio un domicilio diferente al que tenía en una licencia de conducir, pero a Emilio, quienes lo han demandado, no le pueden entregar la denuncia correspondiente porque nadie sabe dónde reside: algunos dicen que en un barco en Los Cabos, otros que en su residencia en Lomas de Bezares, otros que protegido en un centro turístico. Se supone que está bajo prisión domiciliaria. Pero hoy resulta imposible de encontrar.

No sé si la exsecretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, una mujer respetada en ese ámbito, cometió irregularidades al dar apoyos presupuestales para convertir el abandonado Antiguo Palacio del Márquez del Apartado en el Museo de Museos, un proyecto similar al que han impulsado muchos otros países. Tampoco sé si las acusaciones contra Manuel Bartlett por sus casas o los contratos para empresas de sus hijos, las presentadas por contratos en el IMSS o las que se presentaron contra Jesús Seade por el manejo de sus viáticos, están plenamente sustentadas, pero mientras las autoridades son inflexibles con unos, son indulgentes y hasta condecora, a otros.

Por supuesto que debe lucharse contra la corrupción, pero ese objetivo se lastima cuando se usan criterios distintos y se castiga al adversario y se protege al amigo. Y es peor cuando la justicia se usa para dirimir conflictos que en realidad se deben solventar en el terreno de la lucha política.

JAVIER SOLÓRZANO ZINSER / QUEBRADERO (LA RAZÓN)

Cancún, una lamentable historia

Los remanentes y adversidades que rodean la vida del país son interminables, dolorosos y en muchos casos patéticos.

Lo que pasó la tarde-noche del lunes en Cancún no puede entenderse de otra manera que como parte de una concepción arraigada de cómo enfrentar manifestaciones y protestas por parte de los cuerpos policiacos, sus mandos y, a querer o no, los gobernantes.

Lo que de nuevo quedó en evidencia fue la falta de formación y entrenamiento de los policías, los cuales estaban informados que las autoridades tanto del municipio como estatales se habían reunido por la mañana con los colectivos que se iban a manifestar en la tarde-noche para ponerse de acuerdo. Las autoridades sabían con antelación por dónde iría la marcha, la cual se desarrollaría por las calles de Cancún para terminar frente a Palacio de Gobierno.

A los colectivos y organizaciones participantes se les había asegurado que podían manifestarse libremente y que no habría represión o intimidación alguna, que estaban en su derecho y que contaban con las garantías para ello. Nada de esto pasó, más bien se presentó exactamente lo contrario en medio de la violencia y agresiones a las y los manifestantes.

La policía actuó sin protocolo alguno. Lanzaron bala para amedrentar y absurdamente dispersar bajo la absurda idea de que estaban “cumpliendo con su deber”.

Lo que al final sucedió es que no sabían qué hacer, porque no estaban ni están preparados para enfrentar situaciones como la del lunes, no hay entrenamiento, protocolos, y por lo que se ve hay una pésima, lamentable e imperdonable incomunicación entre jefes y policías.

Cancún es uno de los centros turísticos más importantes de América Latina y quizá del mundo. Sus habitantes han ido construyendo un puerto que no sólo quede en manos de los turistas, han buscado también en medio de muchas dificultades crear una vida y entornos propios, lo cual pasa por la cultura, la educación, el deporte, medios de comunicación, entre muchas áreas.

Sus habitantes han tenido también que batallar contra la permisibilidad bajo la cual se mueven muchos turistas, particularmente de EU, para poder mantener el mercado de trabajo y defender lo que de suyo tiene Cancún.

Mucha gente joven encuentra a la Riviera Maya atractiva tanto por la calidad de vida como por la posibilidad de conseguir un empleo. No es casual el crecimiento de lugares como Cancún y Playa del Carmen, los cuales en los últimos años se han convertido en centros turísticos atractivos, rentables y aspiracionales.

Este crecimiento, así como va creando enormes posibilidades turísticas nacionales e internacionales, también creó un sinfín de riesgos. En materia política se vive bajo una rebatinga en donde los ciudadanos no alcanzan a distinguir entre un partido político y otro,  porque no se han podido crear condiciones que estimulen  desarrollos locales que no estén marcados por la desigualdad social y económica.

Cancún padece de lo mismo que la mayoría de los centros turísticos de playa del país. Detrás de los grandes hoteles, departamentos y casas está la pobreza, la desigualdad y el hacinamiento.

En medio de las luces y sombras, los habitantes de estas zonas turísticas dan cotidianamente su batalla en innumerables sentidos. Entienden y viven una dinámica interna bajo la cual ha ido creciendo una conciencia ciudadana sin olvidar nunca sus derechos y sus obligaciones.

Lo que pasó el lunes refleja aquello que no se ve en Cancún. Primero que nada el infame y brutal asesinato de una mujer de 20 años, y en segundo lugar, una policía que en lugar de ser solidaria arremete contra quienes protestan, como en todo el país, contra el feminicidio.

RESQUICIOS

La manera para que el INE atraiga un proceso electoral estatal no depende de la petición de un partido o legislador. La decisión está en el instituto electoral local, OPLEs; lo decimos por lo que se les anda ocurriendo en Oaxaca.

SERGIO SARMIENTO / JAQUE MATE (REFORMA)

Contra la corrupción

Un gobierno que se ha comprometido en la lucha contra la corrupción debería festejar que haya instituciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que facilitan este esfuerzo. Algunas de las acusaciones más importantes que ha promovido el gobierno, como las de la llamada Estafa Maestra y el caso Odebrecht, surgen de investigaciones de esa institución. Sin embargo, el presidente López Obrador parece empeñado en acabar con ella, tanto que la ha atacado una treintena de veces en sus mañaneras.

«Esta fundación se dedica a combatimos, atacamos -ha declarado-. Es la fundación que presentó más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, y los que están financiando son empresarios poderosos».

Según el Presidente, «Claudio X. González estuvo en contra de los maestros y a favor de la reforma educativa Financiaba campañas en contra de la educación pública, pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios. Son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos, porque destinan recursos a fundaciones como las de Claudio».

López Obrador utiliza el recurso propagandístico de ponerle el nombre de un supuesto villano a las instituciones que le incomodan. En este caso ha elegido el de Claudio X. González, aunque con frecuencia ha confundido al padre, Claudio X. González Laporte, empresario de 86 años, con su hijo, Claudio X. González Guajardo, el activista de 56.

González Guajardo, es cierto, fundó y apoyó Mexicanos Primero, que cuestionó el control de los sindicatos sobre la educación pública y promovió una reforma para mejorar la calidad de la instrucción en México. En 2017 dejó esta organización para fundar MCCI. El gobierno de Enrique Peña Nieto, molesto con las investigaciones de la institución, lo espió con el programa Pegasus. González Guajardo dejó MCCI en julio de 2020 para convertirse en dirigente de una nueva organización llamada Sí por México, que busca ser un puente entre la llamada sociedad civil y la política

MCCI no promovió amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, pero sí participó en el grupo #NoMásDerroches que ha presentado estas acciones jurídicas con bastante éxito. En cuanto a la afirmación de que MCCI se dedica a defender la corrupción del «periodo neoliberal», vale la pena recordar las decenas de investigaciones que la organización dio a conocer sobre presuntos actos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto.

A López Obrador, sin embargo, le molesta que alguien que no sea él, o que no sea miembro de su equipo, lleve a cabo acciones contra la corrupción. Se ha preocupado siempre por presentarse como el único luchador contra la deshonestidad en el país. Le inquietan también, sin duda, las investigaciones que MCCI sigue llevando a cabo sobre presuntos actos de corrupción en una administración que supuestamente ya barrió con los malos hábitos del pasado. La investigación más reciente de la organización señala que, a pesar de las promesas del gobierno de reducir las adjudicaciones directas, vamos rumbo al récord de la década Al lanzarse contra los donantes de MCCI, el Presidente pretende dejar a la organización sin fuentes de recursos. El objetivo es generar miedo entre los aportantes para que le retiren su apoyo. Con esto el Presidente estaría acabando con un enemigo imaginario, pero al mismo tiempo estaría promoviendo mayor impunidad y corrupción.

** Maraki

María Cristina García Cepeda, Maraki, ha sido una de las funcionarías más respetadas del mundo cultural mexicano. Su carrera de 44 años de dedicación y honestidad ha sido ampliamente valorada. No conozco los detalles de las acusaciones que se le han hecho por el llamado Museo de Museos, pero estoy convencido de su integridad personal.